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Unas llamadas intervenidas por la Guardia Civil entre el secretario de Hacienda del Gobierno autonómico catalán, Josep Lluís Salvadó, y la actual portavoz de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, desvelarían la participación de esta última en la preparación del operativo para el referéndum del 1 de octubre.

Según ha publicado El Confidencial, la llamada que señala a Artadi, se produjo la noche del 6 de septiembre, solo unos minutos después de la aprobación de la Ley del Referéndum.

Artadi le dijo a Jové que había hablado con el conseller Jordi Turull y que este último le había dicho que fuera él quién decidiera cuándo debía publicarse el decreto, si el mismo día 6 o ya el 7. ¿El hecho de que lo publiquemos el 6 en lugar del 7 afecta a plazos o algo?”, le pregunta Artadi, a lo Jové responde que hay que publicarlo «ya».

Es corto [el discurso], tiene tres paginitas”, explicó la mano derecho del ‘expresident’. “Básicamente, comienza por agradecer el trabajo hecho, que además hemos conseguido hacerlo con un ‘timing’ perfecto, como diciendo que esto estará listo para lo que el país necesita y que, por tanto, está muy bien haberlo conseguido en tiempo y forma (…) Necesitamos que la agencia tributaria sea un instrumento que funcione con precisión, y que estamos hoy aquí para mostrar los avances con personal y sistemas de información y gestión que nos permitan estar preparados. Algo así. ¿Sería eso lo que hemos de decir más o menos?”. Salvadó asiente: “Sí, sí. Queda bien cuadrado”.

Ambos decidieron que Puigdemont enfatizara la importancia para el Estado propio de tener a punto la ATC y que enfocara sus palabras a “dar confianza a la gente de cara al referéndum” que iba a celebrarse en un mes. En la llamada, a la que ha tenido acceso El Confidencial, Artadi también confirmó su papel de enlace con el ‘expresident’ en la supervisión de los planes de desconexión. Es un momento para explicar que estamos listos y que lo hacemos coincidir con estos dos hitos que justo pasamos ahora”, aseguró la dirigente. “Lo digo porque cuando se lo tenga que explicar al presidente, al margen del discurso, que lo leerá, para que sepa qué coño estamos haciendo allí [en la ATC, se entiende]”.

Salvadó le facilitó algunos datos para que se los hiciera llegar a Puigdemont. “Las oficinas [de la ATC] son la punta del iceberg. Es la parte visible. Pero detrás hay todo un grupo de proyectos, que es el sistema organizativo; se ha cambiado el orden de estructura, se ha incorporado personal a la estructura directiva para gestionar todo esto”. Según el exsecretario de Hacienda, ya tenían los recursos necesarios para cortar amarras con la Agencia Tributaria del Estado. “Que en el momento que hagamos esos cambios rápidos tengamos esas herramientas preparadas para el cambio. Las oficinas son la cara, la punta del iceberg, y debajo hay toda una estructura…”. “Vale, de cambios profundos”, terminó Artadi con un tono de complicidad.

Según la Guardia Civil, esa conversación evidencia la participación de la jefa de campaña de JxCAT en el proceso de construcción de las “estructuras de la república catalana”, pero hay otras dos que también complican su futuro judicial. Se produjeron la noche del 6 de septiembre, minutos después de que el Parlament aprobara la ley del referéndum de autodeterminación, contra el criterio de los propios letrados de la cámara autonómica y pese a la prohibición del Tribunal Constitucional. A las 23:36, coincidiendo con la firma solemne del decreto de convocatoria del 1-O, la mano derecha de Puigdemont llamó a otro cargo de la máxima confianza de Junqueras, Josep Maria Jové, ex secretario general de Vicepresidencia de la Generalitat y considerado por la Guardia Civil uno de los cerebros del ‘procés’.

Tres minutos después, Artadi volvió a llamar a Jové y le dijo que la Ley saldría publicada el 6 de septiembre por la madrugada. “¿De madrugada qué quiere decir? Porque yo tengo que enviar correos a los ayuntamientos”, le dijo Juvé y Artadi le contestó: «Estará en una hora, pero que lo pondrán con fecha de hoy«. Según la Guardia Civil, los correos que tenían que enviar eran las notificaciones a los ayuntamientos previos al referéndum para saber la disponibilidad de espacios.