Por; José Luis Borrero González Cap. (r) Guardia Civil.
Carta a la profesora de la Universidad Complutense de Madrid María Dolores Herrero Fernández Quesada, por avalar una hipótesis histórica sin contraste documental suficiente.
José Ortega y Gasset escribió “La rebelión de las masas” una de las obras más lúcidas y premonitorias del pensamiento español contemporáneo. En ella advertía del enorme peligro que suponía la aparición del “hombre-masa”: aquel individuo que, sin preparación suficiente, sin esfuerzo intelectual y sin verdadero conocimiento, cree sin embargo tener derecho a imponer sus opiniones como si fueran verdades absolutas.
Pero Ortega y Gasset iba muchos más allá. Lo verdaderamente preocupante para él no era solo la ignorancia, sino la ignorancia satisfecha de sí misma. Es decir, una sociedad donde cada vez menos personas estudian, investiga o profundiza en la verdad de las cosas, y donde basta repetir un relato oficial para que millones lo acepten sin el menor contraste documental.
Ortega y Gasset, describía una civilización donde el individuo renuncia al esfuerzo de pensar y se entrega cómodamente a los relatos prefabricados. Una sociedad donde el prestigio de la propaganda acaba imponiéndose al rigor del conocimiento. Y sinceramente, pocas veces una reflexión filosófica parece encajar tan perfectamente con lo ocurrido en España respecto al supuesto bicentenario de la Policía Nacional.
Porque lo verdaderamente grave de este asunto no es únicamente la existencia de contradicciones históricas. Lo más alarmante es comprobar cómo una narrativa institucional construida sobre enormes lagunas documentales ha conseguido instalarse socialmente sin apenas debate crítico, incluso dentro de la propia Policía Nacional, cuyos miembros, en gran parte, parecen haber aceptado sin cuestionamiento alguno una versión oficial que apenas resiste el contraste serio con las leyes, gacetas y archivos del siglo XIX.
Y ahí, doctora, es donde su papel adquiere una enorme trascendencia y, a mi juicio, una enorme responsabilidad histórica. Porque usted no es una tertuliana que improvisa ni una divulgadora superficial. Usted es doctora en historia. Usted pertenece al ámbito universitario. Usted representa, al menos teóricamente, a la obligación moral de defender el rigor documental, frente a los relatos construidos desde el poder político o institucional.
Precisamente por ello resulta tan difícil comprender como ha podido avalar públicamente una afirmación tan extraordinaria como que la Policía Nacional presta servicios ininterrumpidos desde 1824 sin aportar una sola prueba documental concluyente que lo demuestre jurídicamente. Y digo jurídicamente porque la historia institucional seria no puede construirse únicamente sobre interpretaciones emocionales o simbólicas. Debe sostenerse sobre normas, decretos, gacetas, presupuestos y continuidad administrativa real. Y ahí es precisamente donde todo el relato creado por el ideólogo del falso bicentenario, Martín Turrado Vidal, comienza a derrumbarse.
Y aquí vuelve Ortega y Gasset a adquirir plena actualidad. Porque el problema ya no es únicamente la manipulación institucional. El problema es que una gran masa social acepta ese relato sin molestarse siquiera en comprobarlo documentalmente.
Eso es exactamente lo que Ortega y Gasset denunciaba: la desaparición del espíritu crítico y el triunfo de la comodidad intelectual.
Hay millones de personas que prefieren aceptar un eslogan oficial antes que abrir un archivo histórico. Prefieren un acto propagandístico antes que leer una gaceta del siglo XIX. Prefieren un relato emocional antes que estudiar las leyes de la época, y lo más importante es que esto ocurre incluso dentro de una institución policial que debería estar especialmente interesada en conocer rigurosamente su propia historia.
Resulta sinceramente sorprendente que tantos mandos, algún historiador policial y miembros de la Policía Nacional hayan asumido sin apenas cuestionamiento una narrativa tan llena de contradicciones documentales. Porque basta consultar mínimamente los archivos para descubrir algo elemental: durante buena parte del siglo XIX, España no tuvo una policía estatal homogénea comparable a la actual Policía Nacional. Lo que existía era una suma de cuerpos municipales, vigilantes urbanos, guardas rurales y empleados policiales locales.
Y mientras tanto, el único cuerpo verdaderamente desplegado de forma permanente sobre el territorio nacional era la Guardia Civil. Esa es precisamente la gran realidad histórica que el relato oficial intenta difuminar. Porque la Guardia Civil sí representó la presencia efectiva y continua del Estado en toda España. La Guardia Civil sí tuvo continuidad institucional real. La Guardia Civil sí prestó servicio permanente en caminos, ciudades, donde ninguna otra fuerza estatal existía, y precisamente por ello resulta tan grave que desde determinados ámbitos académicos se haya contribuido a consolidar una narrativa que despoja indirectamente a la Guardia Civil de esa realidad histórica objetiva.
Sinceramente, doctora, creo que debería reflexionar profundamente sobre la enorme responsabilidad intelectual que implica avalar públicamente una tesis histórica de semejante trascendencia sin pruebas concluyentes que la respalden. Porque la universidad no puede convertirse en un simple instrumento legitimador de campañas institucionales. La función del historiador no es agradar al poder. La función del historiador es defender la verdad documental, aunque esa verdad incomode a gobiernos, instituciones o narrativas oficiales.
Y aquí es donde, nuevamente, Ortega y Gasset resulta demoledoramente actual.
En “La Rebelión de las masas”, Ortega advertía del riesgo de una sociedad donde desaparece la exigencia intelectual y triunfa el pensamiento simplificado. Una sociedad donde la propaganda sustituye al razonamiento y donde las masas terminan creyendo cualquier relato siempre que sea repetido suficientemente desde las instituciones.
Exactamente eso parece haber ocurrido con el supuesto bicentenario de la Policía Nacional. Se ha repetido tantas veces la idea de una continuidad desde 1824 que muchos la aceptan ya como dogma indiscutible, pese a que los propios documentos históricos cuentan una historia radicalmente distinta.
Y quizá lo más triste sea comprobar cómo cada vez menos personas sienten la necesidad de acudir directamente a las fuentes documentales. Eso, es la decadencia cultural que describía Ortega: una sociedad donde el esfuerzo intelectual desaparece y donde la masa acepta cómodamente verdades prefabricadas. Por eso considero que este debate ya trasciende incluso la cuestión policial.
Estamos ante un problema mucho más profundo: el deterioro del rigor histórico y el triunfo de la propaganda institucional sobre la investigación seria. Porque cuando una sociedad deja de contrastar documentalmente los relatos oficiales, termina convirtiendo la mentira repetida en verdad colectiva. Y eso es extraordinariamente peligroso.
Por ello creo sinceramente que debería abrirse un debate académico serio, riguroso y honesto sobre toda esta cuestión. No para atacar a ninguna institución policial actual. No para restar méritos a la Policía Nacional contemporánea. Sino para devolver a la historia el rigor y la honestidad que jamás debieron abandonarse.
Porque la historia no pertenece a las campañas institucionales. No pertenece a los gobiernos. No pertenece a los eslóganes propagandísticos. La historia pertenece a los documentos, y los documentos, tarde o temprano, siempre terminan desmontando las ficciones construidas desde el poder.
Y le aseguro, doctora en historia, que tarde o temprano esta cuestión terminará siendo analizada con el rigor que hasta ahora muchos han evitado aplicar. Porque los documentos históricos permanecen, los archivos hablan y las leyes no pueden reinterpretarse indefinidamente al servicio de relatos políticos o institucionales, que se sustentan en una hipótesis del ideólogo del falso bicentenario, Martín Turrado Vidal.
Y cuando eso ocurra, la sociedad académica y buena parte de la opinión pública se preguntarán cómo fue posible que una tesis histórica tan débil documentalmente pudiera recibir el aval de una profesora universitaria sin que se exigiera el más mínimo contraste serio.
Porque el verdadero prestigio académico no lo otorga un título universitario ni una cátedra, sino la honestidad intelectual, el respeto a la verdad documental y la valentía de sostener el rigor incluso cuando resulta incómodo para el poder o para las instituciones.
La historia es implacable con quienes anteponen la propaganda al conocimiento. Y el tiempo termina colocando a cada cual en el lugar que le corresponde.
Por eso, mucho me temo que su nombre quedará inevitablemente unido a una de las mayores controversias historiográficas e institucionales de nuestro tiempo: haber avalado, desde el ámbito universitario, una narrativa cuya solidez documental resulta cada vez más difícil de sostener ante cualquier análisis histórico y jurídico serio.
Porque los archivos no entienden de consignas, ni de campañas oficiales, ni de relatos prefabricados. Los documentos únicamente entienden de verdad, y la verdad, tarde o temprano, siempre termina imponiéndose.
José Luis Borrero González