A principios de agosto se cumplirán dos años de una delicada operación que llevó a cabo la Guardia Civil de Pontevedra. Delicada porque se trataba de una investigación interna ante las sospechas que habían levantado algunos agentes, que podrían estar pasando información a narcotraficantes que estaban siendo investigados, lo que abortó algunas operaciones policiales.
Las pesquisas culminaron entonces con la detención de seis personas; cuatro por un delito de revelación de secretos y dos más por un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos. Los dos últimos eran dos jóvenes guardias civiles, amigos entre sí, que trabajaban en la provincia: D. F. había formado parte de la Unidad de Delitos Urbanísticos, y J. L., del Equipo contra el Crimen Organizado de Pontevedra.
Tras pasar unos días detenidos, los dos quedaron libres pero apartados de sus puestos de trabajo, una medida acorde con la gravedad de los delitos que se les imputaban, ya que se creía que pasaban información al mejor postor; es decir, que a cambio de dinero, revelaban a personas investigadas por tráfico de drogas datos claves que abortaban la operación.
Pues bien, uno de ellos ya está trabajando otra vez en la Guardia Civil. Se trata de J. L., y su readmisión tiene que ver, una vez más, con la lentitud de la justicia. Los dos están pendientes de juicio y, mientras no estén condenados -si finalmente ese es el veredicto judicial- no se les puede apartar de forma indefinida de la Benemérita. Al parecer, el agente pidió el reingreso y tras dos años fuera de servicio, hubo que readmitirlo, a la espera de lo que pase cuando ya haya sentencia.
El otro agente, D. F., de momento no volvió; no se sabe si porque no pidió el reingreso o si es otro el motivo.
LA VOZ DE GALICIA