Unión de Oficiales (UO) acude al Tribunal Supremo ante la inactividad del Gobierno e incumplimiento del artículo 30.2 de la Ley Orgánica 11/2007 de derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil que obliga a contratar un seguro de responsabilidad civil y fianzas que evite que los guardias civiles deban responder con su patrimonio personal y familiar por actuaciones derivadas del ejercicio profesional.
