La investigación a seis exjefes de ETA ha frenado la prescripción del asesinato de una niña de seis años y un hombre que esperaba el autobús cuando la banda hizo estallar un coche bomba junto a la casa cuartel.

Silvia Martínez Santiago habría cumplido 27 años en este 2022. Hoy, sin embargo, sus familiares le rendirán homenaje en la plaza de Santa Pola (Alicante) que lleva su nombre. Un 4 de agosto de hace veinte años, ETA asesinó a la pequeña y a Cecilio Gallego, un prejubilado de Telefónica de 57 años, al hacer estallar un coche bomba con 100 kilos de explosivo junto al cuartel de la Guardia Civil de la localidad alicantina. Silvia, hija de un agente, se encontraba en su domicilio de la casa cuartel en el momento de la explosión. Cecilio esperaba al autobús en una parada contigua. La banda terrorista no les dio ninguna oportunidad, pues los etarras no avisaron de que se iba a producir la explosión, lo que cercenaba cualquier posibilidad de evacuación urgente del recinto policial.

Veinte años después, y una vez condenados en 2012 a 843 años de prisión los autores materiales del atentado –los integrantes del «comando Argala» Óscar Zelarain y Andoni Otegi–, la Audiencia Nacional investiga, tras la querella interpuesta por Dignidad y Justicia (DyJ), a seis exdirigentes de ETA, que entonces formaban parte de la cúpula etarra, por su supuesta responsabilidad en la acción criminal.

Pero para la madre de la menor asesinada, Toñi Santiago, esta investigación llega tarde. Y aunque tanto ella como su marido se han personado en el procedimiento como acusación particular, su desengaño con la justicia es patente. «Yo no creo en la Justicia de este país –asegura a LA RAZÓN unas horas antes de revivir de nuevo las horas más dolorosas de su vida–. Para mí no es justicia. Se van a cumplir veinte años y el señor Marlaska ha tenido a bien acercar a uno de los asesinos de mi hija (Otegi, que fue trasladado en octubre de 2020 desde el centro penitenciario de Almería a una cárcel de Logroño) y, ocho meses después, ha considerado que debe beneficiarse de un permiso, mientras mi hija no volverá a ver la luz del día».

“Le diría que pida perdón a mi hija”

La Audiencia Nacional concedió el pasado julio a Andoni Otegi un permiso de cuatro días, según adelantó El Confidencial, una medida de la que, se queja la madre de la víctima, nadie le informó. El exintegrante del «comando Argala» –que protagonizó varios atentados en localidades turísticas durante esa criminal «campaña de verano» de 2002– ha participado en los denominados talleres de justicia restaurativa, que propician encuentros entre los etarras y sus víctimas.

«No sé con qué víctimas se ha reunido –asegura Toñi Santiago– y no me importa. Conmigo, desde luego, no. Le dieron el permiso y no me lo hicieron saber ni me dan la oportunidad de reunirme con él, porque saben lo que le voy a decir». ¿Y qué le diría a uno de los asesinos de su hija en ese cara a cara? «Le diría que pida perdón a mi hija, a esa niña que asesinaron con seis años y que hoy tendría 26».

Una semana antes del luctuoso aniversario, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón acordaba la imputación de los seis exdirigentes de ETA que estaban al frente de la organización en el momento del atentado: Juan Antonio Olarra Guridi, Ainhoa Múgica, Félix Ignacio Esparza, Mikel Albisu «Mikel Antza», Ramón Sagarzazu y María Soledad Iparraguirre, «Anboto». Antes, en marzo, había decidido reabrir la investigación tras admitir a trámite la querella de la asociación que preside Daniel Portero.

Discrepancias en la Fiscalía

Con esta decisión se frenaba la posibilidad de que la prescripción impidiera perseguir penalmente por estos hechos a los exmiembros de la Zuba o comité ejecutivo de ETA. Y más después de las discrepancias en el seno de la Fiscalía de la Audiencia Nacional sobre el cómputo de los 20 años del plazo de prescripción (desde el momento de los hechos, como defiende el fiscal jefe Jesús Alonso avalado por el nuevo fiscal general, Álvaro García Ortiz, o a partir de la detención de los supuestos responsables, como mantiene el fiscal del caso, Vicente González Mota, hasta encargado también de la investigación a la excúpula etarra por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco). En este caso, sin embargo, no hay dudas sobre la interrupción de ese plazo, lo que garantiza que la investigación siga adelante.

Pero a la madre de la pequeña Silvia lo que le duele hoy es ver a EH Bildu en el Congreso. «ETA y sus herederos están hoy en el Parlamento de la mano de un presidente ruin mientras los familiares de 376 víctimas no saben aún quién mató a sus seres queridos». «Las víctimas somos vapuleadas y humilladas», lamenta, «y todos los partidos tienen la misma culpa». «Yo siento veinte años después que me han vuelto a matar a mi hija», confiesa.

Rendición» frente a ETA

Y es que la madre de la menor asesinada en Santa Pola está convencida de que «todos estos asesinos van a salir a la calle. No espero nada de nadie, solo del ciudadano de a pie que piensa que podía haber sido su hija, o su hermana, o su nieta». «Me niego rotundamente –hace hincapié– a que el asesino de mi hija Silvia sea moneda de cambio en un proceso de rendición de un estado de derecho frente a una banda terrorista, que es lo que está sucediendo». Y lamenta que «lo que han conseguido sin matar no lo consiguieron matando a más de mil personas».

Toñi Santiago lanza el guante a Arnaldo Otegi en el aniversario del asesinato de su hija: «Le tiendo la mano para que se presente mañana (por hoy) a las ocho de la tarde en el homenaje a mi hija y me diga a qué conflicto pertenecía para arrebatarle la vida con seis años». «No tuvieron a bien ni darnos cinco minutos de tiempo para poder salvar su vida», dice con amargura.

Pero Toñi piensa que los terroristas «se equivocaron». «Tenían que haberme matado a mí, porque llevo veinte años siendo la voz de mi hija y a mí no me van a poder callar, salvo que me peguen un tiro. No les tengo miedo –enfatiza–, ni antes ni ahora. Por eso no van a poder silenciar mi voz».

La explosión de ese Ford Escort con 100 kilos de cloratita y titadyne no solo terminó con la vida de la pequeña Silvia y de Cecilio Gallego. 56 personas resultaron heridas y la deflagración causó más de seis millones en daños materiales. ETA buscaba una masacre como la de la casa cuartel de Zaragoza de 1987. Dos décadas después, la investigación sigue abierta para perseguir, como defiende el letrado de Dignidad y Justicia Miguel Ángel Rodríguez Arias, a los autores detrás del autor.

Redacción